Una atmósfera de profunda incertidumbre y angustia se cierne sobre la industria petrolera de Mendoza, con un alarmante aumento en el número de trabajadores que engrosan las filas de la desocupación. La génesis de esta crisis se atribuye, fundamentalmente, a la estrategia de YPF de ceder sus denominadas "áreas maduras" y al subsiguiente y generalizado incumplimiento de las promesas de inversión y mantenimiento de fuentes laborales por parte de las empresas que asumieron el control de esos yacimientos.

La situación es calificada como crítica por los propios protagonistas. Experimentados trabajadores del sector, algunos con más de dos décadas de trayectoria en la industria, expresan con desazón su actual condición de desempleados. "La situación está grave; la entrega de las áreas por parte de YPF ha dejado a muchísima gente sin trabajo", lamenta uno de ellos, reflejando el sentir de una base trabajadora en estado de alerta. Esta preocupación es compartida y amplificada por el Sindicato del Personal Jerárquico de los Petroleros, que ha manifestado su "extrema inquietud" por el futuro de sus representados frente a un escenario de marcada incertidumbre y la tangible pérdida de puestos de trabajo calificados.

El descontento se exacerba ante la percepción de que, a pesar de contar con mecanismos y recursos que podrían mitigar la problemática, estos permanecen inactivos. "Hay mucha incertidumbre", señala otro obrero, agregando: "Existen herramientas que se podrían activar para generar puestos de trabajo, como controles de irrigación o de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), pero no se utilizan". La inacción gubernamental es un punto recurrente y ásperamente criticado: "El Gobierno no se ha hecho cargo, no tiene ni idea de lo que está pasando", acusa un petrolero con 21 años de antigüedad en el rubro.

La problemática central se gestó a partir del proceso de cesión de las "áreas maduras" de YPF, en línea con la estrategia de la petrolera estatal de concentrar sus esfuerzos en la exploración y producción de hidrocarburos no convencionales, especialmente en Vaca Muerta. La premisa inicial indicaba que otras empresas, posiblemente de menor envergadura y con un enfoque más especializado en la recuperación terciaria, asumirían la operación de estos yacimientos para reactivarlos y sostener la producción. Sin embargo, la realidad dista de lo proyectado. Las compañías entrantes, en numerosos casos, no han concretado las inversiones prometidas ni han logrado mantener el nivel de actividad necesario, lo que se traduce de forma directa e inexorable en la pérdida masiva de empleos.

"No es que se fue una empresa y vino otra que continuó la labor", aclara una voz sindical con preocupación, "sino que están destruyendo la fuente laboral. Ya no se están creando nuevos puestos de trabajo". Esta declaración es lapidaria y evidencia un quiebre en la lógica operativa del sector, donde la rotación de operadores debería implicar continuidad productiva y no un alarmante retroceso.

Ante este panorama desolador, las diferentes organizaciones sindicales han intentado coordinar esfuerzos. "Los sindicatos estamos trabajando en conjunto", aseguran, apelando a un "nuevo federalismo" para hacer frente a la crisis. No obstante, la magnitud del problema exige una intervención mucho más contundente y un compromiso real por parte de todos los actores involucrados -empresas, gremios y gobierno- para revertir esta espiral de desocupación y desinversión que amenaza con desmantelar una de las industrias históricamente más importantes y estratégicas para el desarrollo económico y social de Mendoza.