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El acuerdo entre Argentina y Estados Unidos redefine cupos y reglas comerciales, abre debates productivos y expone una marcada asimetría bilateral.
El entendimiento, anunciado por la administración de Javier Milei, redefine el acceso a mercados a través de cupos, reducciones arancelarias y compromisos regulatorios que, en su mayoría, adoptan el estándar estadounidense, lo que abre dos frentes a nivel internacional; uno con el Mercosur y el segundo con la comunidad internacional, ya que la Argentina es firmante de diversos acuerdos que plantean que Argentina debería, a partir de ahora, tener reciprocidad con el resto de los países, otorgando los mismos beneficios que recibe Estados Unidos en el acuerdo firmado el jueves.
En el debate que se abre en el ámbito local, el capítulo más sensible es el de la carne vacuna, un sector emblemático tanto en términos económicos como simbólicos. Estados Unidos contará con un cupo anual de 80.000 toneladas libres de arancel, administrado bajo el sistema de “primero en llegar, primero en ser servido”. A cambio, la Argentina accederá a un volumen equivalente, adicional a las 20.000 toneladas que ya tenía asignadas.
Desde el Gobierno y el sector exportador relativizan el riesgo de un aluvión de importaciones, apoyados en la brecha de precios: el novillo argentino cotiza muy por debajo del estadounidense, lo que vuelve poco competitiva la carne norteamericana en el mercado local. Sin embargo, persisten interrogantes operativos, como la no acumulación trimestral de los cupos, que podrían limitar el aprovechamiento efectivo del beneficio. Interrogantes que se profundizan, ya que el cupo para carne norteamericana aparece en el tratado, pero no así el cupo extra para la Argentina. Las 80.000 toneladas extras para la industria ganadera argentina se confirmaron horas después en una resolución administrativa del Gobierno de Donald Trump que tiene solo validez por el año 2026.
En lácteos, el acuerdo habilita un cupo inicial de 1.000 toneladas de quesos estadounidenses y consolida el uso de denominaciones genéricas como parmesano o mozzarella, sin protección de componentes individuales. Referentes del sector consideran que el impacto será marginal: la Argentina exporta cerca de 400.000 toneladas anuales de productos lácteos y el volumen acordado resulta insignificante en esa escala. Más que el comercio en sí, la señal regulatoria es lo que despierta atención, al consolidar criterios de propiedad intelectual alineados con los de Washington.
La industria vitivinícola también queda alcanzada por nuevas exigencias. Para proteger una denominación de origen, deberá demostrarse un vínculo “esencialmente atribuible” al territorio, un estándar más restrictivo que el vigente. Se fijó, además, un cupo de 80.000 litros de vino libres de arancel. En paralelo, el acuerdo profundiza la convergencia sanitaria: la Argentina reconoce al FSIS del USDA como autoridad competente, acepta sus certificaciones y adopta criterios de regionalización, incluso frente a brotes de gripe aviar.
Más allá del comercio de bienes, el entendimiento incorpora cláusulas no comerciales de alto impacto político y productivo: un plan de acción para erradicar el trabajo infantil en sectores sensibles, compromisos contra la pesca ilegal y la tala clandestina, y auditorías cruzadas en la avicultura. El biodiésel, en cambio, quedó excluido, pese a los reclamos del sector por reabrir el mercado estadounidense o avanzar en destinos alternativos, en un contexto internacional cada vez más restrictivo.
Las primeras evaluaciones del entramado industrial son mayormente críticas. Laboratorios locales, productores agrícolas, metalmecánica y textiles aparecen entre los grandes perdedores. En el caso farmacéutico, el punto más conflictivo es la ampliación de los derechos de propiedad intelectual, que permitiría patentar variaciones menores de medicamentos y extender el cobro de regalías más allá de los 20 años actuales. La disputa enfrenta a los laboratorios nacionales, nucleados en CILFA, con las multinacionales agrupadas en CAEME.
Desde el Gobierno, el ministro Federico Sturzenegger defendió el esquema con ironía: Estados Unidos abriría su mercado a medicamentos argentinos y la mayor competencia abarataría precios internos. Una definición que ya debería ser desterrada de los manuales, ya que jamás se comprueba en la práctica.
En semillas, el tratado busca “normalizar” el régimen de propiedad intelectual. En la práctica, implicaría el pago anual de regalías por eventos tecnológicos en maíz y soja, erosionando el uso de la tradicional “bolsa blanca”, una práctica extendida entre productores locales. Las semillas bolsa blanca son las que son las que el productor guarda de su propia cosecha para la campaña siguiente. ahora también estarán alcanzadas por las patentes.
También se habilitan cupos con arancel cero para el ingreso de una amplia gama de productos, desde almendras y pistachos hasta golosinas y pastas untables, que refuerzan la percepción de apertura en sectores sensibles.
El balance geopolítico es el que mejor explica la lógica del acuerdo. Para Estados Unidos, asegura acceso a insumos estratégicos, impulsa inversiones y se alinea con su estrategia de reducir la dependencia de China. Para la Argentina, las oportunidades son acotadas y concentradas en nichos, mientras que las concesiones afectan ramas donde Estados Unidos es un gran exportador. La asimetría es evidente: Washington obtiene viejos reclamos sin ceder demasiado a cambio.
Más que un acuerdo comercial clásico, el acuerdo firmado el viernes (que todavía debe ser aprobado por el Congreso) funciona como una reafirmación de la alianza política entre la Casa Rosada y la Casa Blanca. El desafío para la Argentina será transformar esa subordinación estratégica en beneficios concretos y sostenibles para su economía real, un objetivo que, por ahora, permanece más en el terreno del relato del Gobierno y la fantasía de sectores empresarios que lo apoyan que en el de las certezas.FUENTE: SITIO ANDINO
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