Con aval legislativo y proyección de alta inversión, PSJ Cobre Mendocino busca posicionar a Mendoza en la cadena global del cobre.
Su desarrollo, ubicado en la zona de Paramillos de San José, en Uspallata, representa para el Gobierno provincial un punto de inflexión en la estrategia de diversificación productiva y reposicionamiento minero que viene impulsando desde 2023.
Este martes, el Senado ratificó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para la etapa de explotación, un paso clave que define el inicio formal de una nueva fase del emprendimiento.
El área de Paramillos tiene antecedentes centenarios en exploración y aprovechamiento minero. Durante el siglo XX, distintos grupos realizaron tareas de prospección y cateo, aunque sin llegar a una etapa de explotación comercial sostenida. En los años recientes, la empresa titular del proyecto avanzó con campañas de exploración que permitieron actualizar la información geológica y estimar el potencial del yacimiento.
Ese trabajo derivó en la presentación de un Informe de Impacto Ambiental para la etapa de explotación, que fue sometido a consultas técnicas, dictámenes sectoriales y una audiencia pública realizada en Uspallata. Con ese proceso concluido y los informes aprobatorios, la DIA llegó al ámbito legislativo para su ratificación.
PSJ Cobre Mendocino prevé una inversión inicial estimada en USD 600 millones y una producción aproximada de 40.000 toneladas anuales de cobre fino. El horizonte de operación se proyecta en 16 años, ampliables a 27 dependiendo del comportamiento del mercado y de la evolución del yacimiento.
Así, se convertiría en el primer proyecto de producción de cobre a mediana escala en Mendoza y uno de los más relevantes del país. Tras el cierre de La Alumbrera en 2018, PSJ podría transformarse en el único emprendimiento cuprífero operativo en Argentina, un dato que resalta su peso estratégico.
El cobre es considerado un mineral crítico para la transición energética global por su demanda en electromovilidad, energías renovables, infraestructura eléctrica y tecnologías de eficiencia energética. La posibilidad de que Mendoza ingrese a ese mercado con un proyecto propio se alinea con la búsqueda provincial de ampliar su matriz productiva y atraer nuevas inversiones.
Además de la producción minera, la etapa de explotación generaría empleo directo e indirecto, contratación de proveedores locales, servicios logísticos e infraestructura asociada.
En los debates públicos, las autoridades destacaron también que el proyecto cumple con los estándares ambientales y el esquema de control definido en el Código de Procedimientos Mineros reformado.
Según estimaciones divulgadas por la compañía y citadas en informes oficiales, PSJ generaría en la etapa de construcción de la mina, unos 3900 empleos entre puestos directos e indirectos. Luego, para la operacion, se prevé generar 2400 puestos de trabajo, entre directos e indirectos.
Cabe aclarar que rige el "Compre mendocino", con lo que Mendoza puede abastecer la mina con los bienes y servicios necesarios, lo que impulsaría el desarrollo de proveedores-
La fase de construcción requerirá servicios que Mendoza ya está empezando a preparar: transporte, energía, ingeniería, mantenimiento, comunicaciones, tecnología aplicada a minería, diagnósticos ambientales y obras complementarias necesarias para operar a más de 2.500 metros de altura.
Para zonas como Uspallata y Alta Montaña, el proyecto representa también una oportunidad para mejorar la infraestructura vial y energética, dos temas que han sido señalados históricamente como deudas estructurales.
Tras la ratificación de la DIA, la empresa podrá avanzar con los planes de ingeniería detallada, la construcción de las instalaciones y la preparación del terreno para iniciar la fase operativa. Este avance marcará el hito más significativo para la minería metalífera mendocina en muchos años y pondría a prueba el nuevo esquema normativo, técnico y político que el Gobierno provincial viene consolidando.
Hoy es considerado un mineral crítico a nivel global, indispensable para:
la electromovilidad (autos eléctricos y baterías),
las energías renovables (parques solares y eólicos),
las redes eléctricas modernas,
la fabricación de dispositivos electrónicos,
la expansión de tecnologías de eficiencia energética.
En un mundo que avanza hacia la descarbonización, el cobre es una pieza central. De hecho, organismos internacionales proyectan una duplicación de la demanda global en las próximas dos décadas. Países como Chile, Perú, Canadá y Australia están expandiendo su producción para responder a esa demanda creciente.
Que Mendoza ingrese a esa cadena productiva implica algo más que exportar un mineral: significa posicionarse en mercados estratégicos, atraer inversiones, generar empleo especializado y participar de una economía global donde la transición energética será dominante.
Además, Mendoza puede ofrecer algo diferencial: marcos normativos estrictos, control ciudadano, tradición institucional y capital humano capacitado.
Aunque la aprobación en el Senado representará un hito político y administrativo clave para PSJ Cobre Mendocino, el proyecto no ingresará de inmediato en etapa productiva. El aval legislativo a la Declaración de Impacto Ambiental habilita el desarrollo de la fase de explotación, pero aún restan procesos técnicos, concreción de inversiones y adecuaciones operativas que pueden extenderse durante meses o incluso más, según los cronogramas que definan la empresa y los organismos de control.
En minería metalífera, la transición entre la autorización y la producción efectiva exige una serie de pasos ineludibles: ingeniería de detalle, puesta a punto de la infraestructura, y la construcción de la mina, contratación de proveedores, importación de equipos, adecuación ambiental continua y auditorías periódicas. A esto se suma la necesidad de concluir trámites complementarios ante la Dirección de Minería, Hidrocarburos y organismos municipales.
Una vez obtenidos todos los permisos ambientales se viene proceso de factibilización del proyecto, ingeniería de detalles y cierre del financiamiento. Una vez concluida esa etapa de factibilización, continuará la construcción de la mina, con un tiempo estimado de entre 18 y 24 meses. Luego vendrá el inicio de la operación, que se estima en 2028.