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El 28 de septiembre se había publicado que en dos semanas Reino Unido debía desistir en el avance de las actividades del proyecto Sea Lion. Se cumple ese plazo de intimación y se pedirán medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar.
Este lunes se vencerá el plazo que el gobierno argentino le puso al Reino Unido para que no avance con los proyectos para extraer petróleo en las Islas Malvinas. Es por eso que en la Cancillería argentina ya se prepara el pedido que se hará ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar al que se le pedirá que actué en la controversia y disponga medidas provisionales que le impidan a los británicos seguir con el proyecto denominado Sea Lion que se desarrolla en la cuenca Malvinas Norte.
El 28 de septiembre Argentina anunció a través de un comunicado en las cuentas en redes sociales de la Oficina del Presidente que se había instruído a la Cancillería que encabeza Pablo Quirno y también a los equipos jurídicos correspondientes iniciar el arbitraje que está previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), que contempla la conformación de un tribunal arbitral. Antes de que se conforme este organismo podría producirse la intervención del Tribunal con sede en la ciudad alemana de Hamburgo que se ocupa de los casos que necesita más urgente solución.
El presidente Javier Milei en su cuenta de X dejó en claro cuál es la pretensión argentina ante la explotación petrolera que pusieron en marcha en Malvinas. “Instruí a la Cancillería y a nuestros equipos jurídicos a iniciar el arbitraje internacional contra el Reino Unido por el saqueo ilegal de nuestros recursos a través del Proyecto Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte”, posteó el líder libertario quien añadió que si en 2 semanas el Reino Unido no frena la explotación ilegítima, vamos a ir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar”.
En el mismo sentido se expresó Quirno, que confirmó la acción argentina para que se llame a un arbitraje y también remarcó que si Reino Unido no cesa en su proyecto se expone a consecuencias severas.
No es un tema de simple resolución. Argentina tendrá que exponer sus fundamentos para que se apliquen las medidas solicitadas. La CONVEMAR en su artículo 290 regula este procedimiento. En el quinto párrafo de ese artículo establece que, antes de que se constituya un tribunal arbitral, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar puede disponer medidas provisionales si considera, en principio, que el futuro tribunal tendría jurisdicción y que las circunstancias requieren una intervención urgente.
Según el artículo 290.6 las medidas provisionales que se adopten son obligatorias para las partes. Después el tribunal arbitral que se conforme las podría mantener, modificar o revocar.
El proyecto que Argentina quiere frenar en las cercanías del archipiélago ubicado en el Atlántico Sur, tiene previsto su primera producción para el primer trimestre de 2028. Sea Lion se encuentra a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas y trabajan en conjunto las compañías Navitas Petroleum, de Israel, que controla el 65 % y opera el desarrollo, y Rockhopper Exploration, del Reino Unido, con el 35 % restante. Esta última descubrió el yacimiento en 2010 y después Navitas se sumó.
Las perforaciones de desarrollo se previeron para principios de 2027. La primera etapa apunta a producir hasta 55.000 barriles por día, mientras que las fases posteriores podrían llevar la capacidad hasta 125.000 barriles diarios.
Rockhopper sostiene que Navitas opera con licencias petroleras que considera válidas, otorgadas por el Gobierno de las Islas Malvinas, y calificó las medidas argentinas como “ilegítimas y carentes de justificación jurídica”.
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