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El Poder Ejecutivo nacional sumó al distrito mediterráneo al esquema de asistencia del Tesoro a través del Decreto 584. Las exigencias de devolución antes de fin de año, el impacto de la tasa de interés y el drástico ajuste en los giros discrecionales.
La letra chica de la normativa determina que el monto definitivo de cada desembolso será fijado de manera discrecional por la Secretaría de Hacienda nacional, tras evaluar la capacidad de repago real del distrito mediterráneo. Las condiciones de devolución son estrictas: la gobernación cordobesa deberá reintegrar la totalidad del dinero antes de que concluya el presente ejercicio fiscal 2026. Para ello, el Tesoro nacional aplicará retenciones automáticas sobre los goteos diarios de la coparticipación federal, sumando una tasa de interés nominal anual del 15% que comenzará a correr desde el momento exacto en que los fondos impacten en las cuentas provinciales.
Con la incorporación de Córdoba, ya suman 16 las jurisdicciones de todo el territorio argentino que debieron apelar a este salvavidas financiero de la Casa Rosada en lo que va del año para tapar baches de liquidez. Si bien no se trata de una herramienta nueva en la historia contable del federalismo, la actual gestión busca sistematizar los giros bajo un tope global estricto. El mapa de los distritos auxiliados se compone cronológicamente de la siguiente manera:
Enero: se inauguró el esquema asistencial con la incorporación de Entre Ríos.
Abril: pasaron en bloque Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.
Junio: se acoplaron de urgencia las administraciones de Santa Fe y Jujuy.
Julio: se cerró el listado actual con el ingreso de la provincia de Córdoba.
El recurso masivo de los gobernadores a los adelantos automáticos de coparticipación encuentra su explicación directa en la fenomenal poda de recursos alternativos que viene aplicando el Poder Ejecutivo. Según un relevamiento técnico de la consultora especializada Politikón Chaco, durante el mes de junio las transferencias no automáticas del Gobierno central hacia las provincias se derrumbaron un 87,7% interanual real, consolidando una recaudación de apenas 48.300 millones de pesos, lo que representa el peor registro estadístico para ese mes específico de las últimas dos décadas.
Este torniquete fiscal sobre los fondos discrecionales -históricamente utilizados por los mandatarios para financiar obras públicas y cubrir déficits en las cajas previsionales locales- acumuló un descenso del 61,8% interanual real durante todo el primer semestre de 2026 en comparación con el mismo período del año pasado. Frente a esta drástica sequía de billetes directos y el freno total de los giros complementarios, los mandatarios provinciales se ven obligados a recurrir a estos préstamos de corto plazo regulados por la ley de coparticipación para evitar la cesación de pagos de salarios estatales y garantizar la paz social en las calles de sus distritos.
